La Covid ha impregnado todos los aspectos de nuestra vida personal y profesional. Nos ha enfrentado a una enfermedad desconocida con consecuencias devastadoras y nos ha puesto frente al espejo. Su paso ha evidenciado las debilidades de un sistema sanitario que ha hecho frente a la pandemia a base de sobreesfuerzos del personal de enfermería. Nos ha mostrado las carencias en recursos técnicos, materiales y humanos para hacer frente a una situación de estas características. Las circunstancias nos han arrollado.
Hemos aprendido lecciones importantes en estos dos años, en parte porque hemos entendido el virus. Sin embargo, hay aprendizajes que no terminamos de adquirir. La falta de enfermeras continúa siendo un escollo que impide una mejor atención al paciente, especialmente en un contexto crítico como el actual. La solución pasa por dotar de profesionales de Enfermería a todos los niveles asistenciales, pero parece que la respuesta encontrada desde el ámbito educativo ha tomado otro rumbo.
El regreso a las aulas este 2022 estará marcado por la llegada de un nuevo módulo formativo: ‘Supervisión a la atención sociosanitaria a la persona usuaria’. El concepto ‘supervisión’ entraña una invasión de las competencias atribuidas por Ley a los profesionales de Enfermería, especialmente en las áreas de Geriatría y Familiar y Comunitaria. La gestión de servicios en centros sociosanitarios es competencia de las enfermeras y cabe que alcemos la voz para recordarlo.
La necesidad de engrosar la cartera de servicios y profesionales de Enfermería no puede pasar por debilitar nuestra competencia y devaluar la calidad formativa en materia de cuidados, permitiendo que otros asuman los roles propios de nuestra profesión.
Las instituciones educativas deberían haber puesto coto a este caso manifiesto de intrusismo laboral. Incrementar el número de enfermeras en servicios sanitarios que nos necesitan, no puede costearse con medidas de este tipo. No todo vale. Debemos reivindicar que la Enfermería es la garante de los cuidados.