Septiembre está aquí y, con él, la vuelta a las aulas. Las universidades se colmarán de alumnos que inician sus estudios superiores de Grado. Entre las titulaciones que se enmarcan en esta categoría se encuentra la Enfermería. Las futuras enfermeras deberán superar los 240 créditos que componen la titulación para poder graduarse, al igual que los estudiantes de biología o derecho.
En este contexto de igualdad entre estudios universitarios, no se comprenden las posteriores diferencias que la administración ejerce sobre las enfermeras en el marco laboral. Hemos asumido que otras profesiones como las anteriormente mencionadas se engloban en la categoría profesional A1, pero la administración parece no asumir que nuestra formación y la responsabilidad que adquirimos en nuestro puesto de trabajo es merecedor de esa clasificación profesional. Señalo a la administración, ya que el último posicionamiento de la Justicia no es alentador para la consecución de nuestros proclamas. Una reciente sentencia de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo traspasa la responsabilidad que se había depositado en el Poder Judicial y deja en manos de las Administraciones esta posible reclasificación. El recurso presentado por las enfermería exigía que se atendiera la reclasificación al subgrupo A1 y que este reconocimiento llevase aparejado el aumento retributivo correspondiente.
En este caso, nuestras demandas no han sido escuchadas. Continuamos sufriendo un agravio comparativo que la Justicia no ha sabido aplacar. La sentencia recoge que “corresponde en exclusiva a la Administración Pública en función siempre del interés general que la misma representa, el ejercicio de las potestades correspondientes para la mejor ordenación de los servicios públicos”.
Este parecer de los tribunales nos aboca a continuar luchando por una igualdad justa, pero, en este caso, lejos de los tribunales.